Lima, 28 de octubre de 2025. — El presidente José Jerí descartó la aplicación de un toque de queda en las provincias de Lima y Callao, que permanecen bajo estado de emergencia desde el pasado 22 de octubre. El mandatario aseguró que su gobierno no impondrá restricciones a la movilidad, y que priorizará acciones preventivas y operativos de patrullaje conjunto para preservar el orden interno.
“No se ha contemplado un toque de queda. Nuestra estrategia está centrada en la prevención y en una presencia constante de las fuerzas del orden en las calles”, señaló Jerí durante una actividad oficial en Palacio de Gobierno.
El jefe del Estado explicó que la medida de emergencia responde al clima de tensión tras las recientes protestas del 15 de octubre, en las que murió un joven y más de un centenar de personas resultaron heridas. Según precisó, la decisión busca evitar nuevos episodios de violencia sin afectar los derechos fundamentales de la ciudadanía.
Prioridad en la prevención
El Ejecutivo informó que se reforzarán los patrullajes mixtos entre la Policía Nacional del Perú (PNP) y las Fuerzas Armadas, con énfasis en zonas de alta concentración de manifestaciones. Estas acciones —indicó Jerí— apuntan a “disuadir actos vandálicos y garantizar la tranquilidad pública”, en lugar de recurrir a medidas restrictivas como el confinamiento nocturno.
El presidente también hizo un llamado a la población a mantener la calma y a ejercer su derecho a la protesta “de manera pacífica y dentro del marco legal”.
Contexto y críticas
El estado de emergencia, vigente por 30 días, faculta al Ejecutivo a suspender temporalmente derechos constitucionales como la libertad de tránsito y de reunión, y autoriza la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de orden interno.
Organizaciones civiles y legisladores de oposición habían expresado preocupación ante la posibilidad de un toque de queda, advirtiendo que podría agravar la tensión social y criminalizar las movilizaciones juveniles. Por ello, la decisión de Jerí fue recibida con alivio por algunos sectores, aunque persistieron los reclamos por mayor transparencia y control civil sobre las operaciones policiales y militares.
(Foto: Andina)
